CENTRALES SINDICALES ESTATALES UNIDAS COMUNICAN A PRESIDENTE HUMALA HUELGA NACIONAL INDEFINIDA

DIRECTIVA DE HUELGA NACIONAL ESTATAL

CENTRALES ESTATALES UNIDAS DECRETAN HUELGA NACIONAL INDEFINIDA

COMUNICADO 17mayo2013 UNIDAD SINDICAL ESTATAL, BLOQUEA PRETENSIÓN DEL MEF DE APROBAR EN EL CONGRESO, CUESTIONADA LEY DEL SERVICIO CIVIL

La fuerza de la unidad de las centrales sindicales, tuvo su mayor expresión el jueves 16 de mayo, en el Congreso de la República, al lograr bloquear al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) del gobierno del Presidente Ollanta Humala, en la pretensión de aprobar contra viento y marea el proyecto de ley del servicio civil. Las alianzas promovidas, mediante los negociados partidarios de siempre, sufrieron un quiebre a último minuto. Saludamos a todas y todos los activistas que se congregaron en pie de lucha en las afueras del congreso jugando un rol protagónico importante de presión y disuasión que al final logro su cometido. No fueron vanas las gestiones que vienen realizando CITE, CTE y UNASSE contra el Dictamen aprobado en minutos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el día miércoles 8 de mayo, ante la orden de Palacio de Gobierno, evidentemente por presión del MEF, verdadero autor del Proyecto. 

El jueves16 de mayo, terminando la tarde, llegó la Opinión Técnica de la OIT (se adjunta copia), solicitada por nuestras centrales sindicales en el mes de enero del 2013. De inmediato se circuló en el Congreso de la República para conocimiento general y se tomen en consideración las observaciones que articulo por articulo se efectuaban y de plano incidían en modificar el Dictamen,para alinearlo con los derechos laborales y sindicales establecidos en los Convenios Internacionales de la OIT, suscritos por el Perú. El día miércoles 15 de Mayo, en la ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES/A ESTATALES, más de 1,000 dirigentes y delegados de todo el país, acordaron la HUELGA NACIONAL, facultando al COMANDO DE LUCHA, conformado por la dirección de las centrales sindicales, a la que se incorporan todos los Secretarios Generales de las diversas organizaciones sindicales bases de las centrales sindicales CITE, CTE y UNASSE, a evaluar el momento oportuno para establecer el inicio de la medida, conforme se desarrollen las gestiones que se viene efectuando en el Congreso de la República y ante el gobierno peruano. 

A pesar que se comprometieron en asistir a nuestra Asamblea, el Congresista Josué Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Presupuesto y el Congresista Mariano Portugal, Vocero de la Bancada de Perú Posible, se disculparon a última hora por no asistir. Sin embargo haciendo un esfuerzo por qué ese día, había varias sesiones de Comisiones en el Congreso, se dio un tiempo el Congresista Yonhy Lescano, llevando el saludo y compromiso de la Bancada de Acción Popular y Frente Amplio de asumir la defensa de nuestros derechos reiterando las posiciones que también expresaron la Congresista Verónica Mendoza, Rosa Mavila, Jorge Rimarachin y Mesías Guevara, días anteriores y que en vida también lo hiciera el Congresista Javier Diez Canseco, quién fue el promotor de que su bancada se ponga al servicio de nuestras organizaciones, apenas se presentó el Proyecto 1846, en el mes de enero. El jueves 16, la jornada se presentaba muy complicada porque ya se conocía la consigna desde el más alto nivel de gobierno, que ¡La Ley…VA!, por lo que las centrales sindicales estatales, se distribuyeron diversas tareas. Contra todo pronóstico, ya había trascendido que la Bancada Fujimorista, había ofrecido imponer en su Dictamen, el respeto a los diversos Convenios Internacionales en materia de derechos laborales y sindicales, tratando de reivindicar a su gobierno anterior. En transcurso del día se improvisó en las instalaciones de la Presidencia del Congreso, un intercambio de opiniones con los asesores de SERVIR,y se persistió en las diversas observaciones que contravenían nuestros derechos. La mayor incidencia de sus errores se tuvo con la novena disposición complementaria final y segunda transitoria, respecto a que los derechos y obligaciones que en el proyecto se establecían, se aplicaban al régimen 276 y 728, al día siguiente de la vigencia de la Ley. 

Lo que determinaba que postules o no postules, de igual manera se aplicaba la ley a dichos regímenes, lo que era una burla a la premisa que pregonaba el Premier Jiménez Mayor, de que el acceso a dicho régimen era “voluntario”. Tuvieron que admitir que había un error que se tenía que subsanar, no teniendo la misma suerte en las demás observaciones puesto que expresaron que en el debate podía mejorarse algunos temas, considerando como un hecho,que el Dictamen se sometía al pleno. La Congresista Marisol Espinoza, cuyo despacho había escuchado nuestros reclamos apenas conoció de lo establecido por el Informe de la OIT, remitió una Carta a la Presidencia del Congreso y a la Presidencia del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta general de la República; señalando la necesidad de “trabajar una mesa técnica con los representantes de los trabajadores para consensuar las observaciones planteadas por la OIT”. (Se adjunta copia). De igual manera se efectuaron coordinaciones con el c. Congresista Remigio Portugal, vocero de Perú Posible con quienes GANA Perú completaba los votos para poner en debate el tema. Trascendió que tenía una fuerte presión de su bancada, debido a los acontecimientos del día martes en la Comisión de Fiscalización, donde se reconsideraba con ayuda del oficialismo la investigación al Ex Presidente Alejandro Toledo. La situación evidenciaba una alianza con GANA Perú, que no era gratuita definitivamente. ¿La Ley del SC era parte del precio a pagar?...Al parecer… ¡Sí! También se coordinó con la bancada aprista, la defensa de la posición de los trabajadores/as respecto del proyecto, tal como lo expreso el Congresista Elías Rodríguez.

En horas de la tarde, se nos comunicó por parte de la CGTP, que había concertada una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros. En representación de CITE acudió Winston Huamán y Alberto Campos, de CTE, Miguel Ñique, por UNASSE, Ana M. Lizárraga y por CGTP, su Presidenta Carmela Sifuentes y Nazario Arellano y Jorge Peña, en representación de las empresas

estratégicas. Estuvo el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, el Presidente Ejecutivo de SERVIR Juan Carlos Cortés y el Dr. Vladimir Huaroc, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Con respecto al tema del quincuagésimo-octava disposición final de la Ley de Presupuesto, el Premier fue directo, determinando que ello ya estaba en manos del Tribunal Constitucional, y hay que esperar sus resultados. Con respecto al Proyecto de Ley del Servicio Civil, después de escuchar nuestra posición y nuestro malestar de que no se haya tomado en cuenta nuestras observaciones, reiteró su posición de que siendo el tema “voluntario”, no veía mayor problema, y agregó que el tema está dirigido a dar oportunidad de ingreso a los CAS, por lo que pudimos observar que el Premier tiene un enfoque muy distinto a lo que establece la Ley. Con los argumentos del caso acreditamos su grave error, expresando el Presidente Ejecutivo de SERVIR, que había sido informado de nuestra posición por sus asesoras en la reunión sostenida en el Congreso y que efectivamente era procedente la observación que habíamos efectuado respecto a lo “voluntario” del tema. Solicitamos mayor precisión respecto a cuál era el sentido de dicha reunión y que si podíamos esperar rectificaciones al respecto. Aclaró que para eso se nos había llamado y que se evaluaría nuestras observaciones, dando por concluida la reunión.Retornamos al Congreso de la República, para las coordinaciones con las diferentes bancadas. Llegando casi las 11 de la noche, el Presidente Isla, dio inicio a la lectura del tema para ponerlo en debate, manifestando a viva voz el Congresista Wong, el retiro de su firma del Acta virtual que establecía los votos necesarios para debatir el tema en el pleno, truncándose las pretensiones de la Mesa Directiva, al respecto y evidenciándose la mortificación del Presidente por el suceso. Ante el pedido de intervenciones, se dio uso de la palabra a los congresistas Josué Gutierrez, Presidente de la Comisión de Presupuesto, defendiendo su posición; Juan Carlos Eguren, para expresar su discrepancia en la Comisión de presupuesto por aprobarse una ley tan importante sin mayor debate; Juan Díaz Dios, Presidente de la Comisión de Trabajo reclamando se espere el dictamen de su comisión que es la especializada en el tema laboral; Rosa Mavila, quién ya había intervenido en cuestiones previas para que no se ponga en debate sin el dictamen de la Comisión de Trabajo y consideración de las observaciones de los trabajadores; Martha Chávez, quién dio lectura sorpresivamente a la Carta de la congresista Marisol Espinoza, para que el tema espere un debate mayor; Yehude Simon, manifestando su discrepancia de que el fujimorismo pretenda ponerse la vanguardia de éste tema; Mesías Guevara reiterando la necesidad de tratar este tema con las organizaciones sindicales y tomar en cuenta las recomendaciones de la OIT; concluyó el congresista Yonhy Lescano, manifestando que es necesario tomar en consideración la representación de los trabajadores, quiénes ya tenían acuerdo de huelga nacional y que era sumamente importante escuchar sus voces y respetar sus derechos. El Presidente manifestó que habiendo sido retiradas las firmas no había proyecto en debate y que daba por cerrada la sesión.No tenemos duda que entrará en el próximo pleno, durante la última semana de mayo. Este ha sido un gran paso que sólo se ha logrado, por la fortaleza de la unidad de las centrales sindicales estatales. A pesar de todos los problemas que puedan presentarse, la unidad es un proceso valiosoy la única garantía de vencer, que da fuerza y que bien orientada dará vitalidad y perspectivas al movimiento sindical. Nos corresponde hacer del movimiento sindical la mejor autogestión del país, estableciendo una cerrada defensa de los derechos laborales, sindicales y ciudadanos, y el logro de mayor bienestar para este gran sector del pueblo peruano, cuya planilla cautiva permite conocer con certeza, su gran aporte a la recaudación nacional a través de sus aportes, contribuciones e impuestos, dejando muy en claro que no es, no ha sido, ni será jamás una carga para el erario nacional. Las propuestas de mejoras deben ser producto de una confluencia de diversos enfoques y el impacto que se espera, debe tener los indicadores más certeros. Tenemos la experiencia, el deber moral, la capacidad especializada, profesional y técnica para generar una propuesta de esa envergadura, tal como lo venimos demostrando año tras año en cada uno de los foros que efectivizamos. Que no se nos subestime, porque tenemos la fuerza de la razón, de la perseverancia, la fuerza de la ley y la fuerza que nos une, para lograrlo. Tenemos otros frentes, basados todos en Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales, todas con PESO CONSTITUCIONAL. Incluido el Programa de Trabajo Decente y los Objetivos del Milenio, así como el Pacto Mundial, aprobados todos con el concurso del Estado Peruano. Ellos garantizan el empleo pleno, con diálogo efectivo, negociación colectiva real, y otros derechos mínimos. En virtud de todo ello los estatales convertiremos nuestra propuesta de ley en Iniciativa Legislativa, además tenemos ya preparada la Acción de Inconstitucionalidad ante la eventual aprobación del proyecto del MEF, y, finalmente también haremos valer los derechos laborales previstos en el Capítulo Laboral del Tratado de Libre Comercio Perú-USA

El fin de semana estaremos difundiendo el programa de bajadas a las bases regionales, para preparar las condiciones para la huelga nacional, así como las propuestas que presentaremos, a raíz de los resultados en el Congreso de la República, para su conocimiento, aprobación o inclusión de aportes, que lo enriquezca, lo fortalezca y lo legitime desde las bases. 

¡TODOS A CUMPLIR SUS TAREAS Y MANTENER LA ALERTA PERMANENTE! 

¡¡VIVA LA UNIDAD SINDICAL CITE CTE Y UNASSE!! ¡¡VIVA LA HUELGA NACIONAL!! 

¡¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!! 

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA

FUNDAMENTOS DE DISCONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO CIVIL

1.  El mismo ha sido aprobado por el Ejecutivo, sin la participación de las trabajadoras y trabajadores estatales, que son a quienes se nos aplicará la Ley de ser aprobada, transgrediendo el Art. 3° del Convenio 122° de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Política del  Empleo, suscrito por el Perú.

Convenio 122° - sobre Política del  Empleo

En la aplicación del presente Convenio se consultará a los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución.

2. Nuestras representaciones sindicales, han venido exigiendo en forma permanente, un diálogo abierto y franco, y SERVIR, se comprometió en forma reiterada que el proyecto previo a su envío a la PCM, sería dialogado y consensuado con representantes sindicales y expertos laboralistas; sin embargo, en forma inconsulta con los directamente involucrados, se presentó al Congreso de la República, pretendiendo desconocer los derechos constitucionales en materia laboral y sindical de medio millón de peruanos.

Resulta oportuno y necesario , hacer conocer a su Presidencia, que nuestro propósito no ha sido, no es, ni será de oposición a la Modernidad del Estado ni a las Reformas que se requiere, pero éstas deben respetar derechos, incluirlos si no los hay y deben de incorporar a todos los que se encuentran incluidos en cada uno de sus procesos, por ello, enfatizamos y subrayamos que el estado no lo conformamos trabajadoras y trabajadores, empleados y obreros, sino también los funcionarios y asesores quienes evidentemente, necesitan ser parte de toda reforma en el sector, sin embargo, no se encuentran incluidos, siendo los responsables  de su dirección y de las decisiones.

Debemos tener muy en claro que ellos fueron y son quiénes :

a)      Sobredimensionaron el Estado con partidarios, violando la Ley al permitir mayormente el ingreso de personal, sin respetar los concursos públicos; y si no los hubo, fueron amañados.

b) Congelaron y desnaturalizaron la Carrera Administrativa, sin capacitaciones, sin progresión, sin ascensos, sin nombramientos, desmotivando al personal.

c)   Paralelizando desde 1992 el Único Régimen Laboral Público del D. Legislativo 276 promulgado en 1984, que sustituyó el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, creado con el Decreto legislativo N° 11377 en 1950, con un incompatible Régimen Privado N° 728 y luego un RECAS-1057.

Hoy se intenta , supuestamente reformar el daño causado en 1992, y el D. Leg. 276, que en ese entonces sólo tenía 07 años, resultó malo para los gobernantes de 1992 hasta el 2011 y hoy también, curiosamente, lo que fue bueno de 1992 al 2011 pasa a a ser malo y “urge” reformar ¿cómo ?  No unificar en un solo régimen laboral como sería lo correcto, sino ampliando a 04 regímenes; toda vez que la Ley del Servicio Civil nacería como un 4to. Régimen Laboral. Violan la Ley, promoviendo varios regímenes laborales, en vez del que establece la Constitución.

d) Distorsionaron el Sistema Único de Remuneraciones con la generación de 418 conceptos remunerativos autorizados por cada gobierno de turno desde 1992. Violaron la Ley del Sistema único de Remuneraciones, desnaturalizando las remuneraciones.

e) Promovieron la ineficiencia e ineficacia del Estado, deteriorando la calidad del servicio público al admitir el ingreso de personal partidario sin el perfil idóneo para el ejercicio de la función pública. Violaron la Ley de Ingreso de Personal y pisotearon los principios del Mérito.

f)       Crearon relaciones de sobreexplotación al interior del Estado, contratando servicios bajo la modalidad perversa de Servicios No Personales, que es un sistema laboral sin ningún derecho, encubierta con la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) otorgándole mínimos derechos, en vez de los que verdaderamente les corresponde.

Estos procesos son real testimonio de la situación del Estado y fueron debidamente recogidos en la Exposición de Motivos del citado Proyecto N° 1846-2012, pero no se encuentran expresados en ninguno de los artículos que decreta la Propuesta. Es evidente que no corregir el perjuicio que cusan, quienes toman las decisiones en una propuesta de reforma, es porque NO HAY TAL REFORMA, sino son meras modificaciones, porque nuevamente los titulares de pliegos, funcionarios de alta dirección, de confianza, quedan impunes ante los errores que cometan y los perjuicios que ocasionan . Esta enmienda no está incluida en el proyecto, por ello, resalta el propósito de sólo : ELIMINAR la Estabilidad Laboral y los Derechos Adquiridos.

En ese contexto, detallamos los temas de mayor discordia que, desde nuestro punto de vista, contiene el PLSC, esperando tener la oportunidad de sustentarlos uno a uno, ante vuestra Presidencia y Comisión respectiva.

I.      PRIMER TEMA DE DISCORDIA :

El tema principal de discordia radica en la esencia cerrada de la actual Carrera Administrativa y el modelo abierto de la propuesta de Servicio Civil del PLSC que colisiona con el Artículo 40° de nuestra Constitución y tiene que ver con la vigencia o eliminación de la ESTABILIDAD LABORAL.

I.1. Servicio Civil

Conforme al Proyecto de Ley del Servicio Civil N° 1846-2012-PE, página 01, parte in fine y página 02 – párrafo inicial de su exposición de motivos, observamos que se inspira en un MODELO ABIERTO basado en un SISTEMA DE FAMILIA DE PUESTOS. Se señala que la carrera pública permite la permanencia, movilidad y progresión de los servidores públicos; mientras que el SISTEMA DE PUESTOS  dota de los niveles de flexibilidad y especialización necesarios. Dice el PLSC que se trata de una reforma enfocada en los puestos, es decir, que los deberes y derechos de los servidores se establecen de acuerdo al puesto.

El enfoque de competencias por familias de puestos de trabajo, es propicio en cada uno de los sectores del servicio público, considerando que cada uno ejerce funciones que no la repite otro sector público. Por ello consideramos un error, establecer los mismos parámetros de familia de puestos en todos los sectores, ignorando su especialidad. No es lo mismo , un ingeniero en el sector economía y finanzas, que un ingeniero en el sector salud, o en el sector producción, o en el sector pesquería, o energía y minas, ni en inclusión social, etc.

De los 4 nuevos grupos ocupacionales: Funcionarios públicos, Directivos Públicos, Servidores de Carrera y Servidor de Actividades Complementarias, ni siquiera los ubicados como Servidores de Carrera, a pesar de ingresar por Concurso Público y superar el período de prueba no gozarán de estabilidad para proseguir una Carrera Administrativa, sino que su permanencia se subordina a un sistema de contrataciones en mérito al rendimiento. Y las actividades desarrolladas por los Servidores de Actividades Complementarias conforme el Artículo 54° del PLSC podrán ser tercerizadas.

El Artículo 3° del título preliminar del PLSC, establece que la integración e interpretación de las reglas del Servicio Civil debe orientarse a proteger los intereses generales de la ciudadanía por sobre los intereses particulares. El artículo 3° del PLSC, establece que el Servicio Civil es un régimen legal que rige a las personas al servicio del Estado. El régimen promueve un servicio civil orientado a la protección del interés general.

Queda claro que el PLSC, está diseñado para priorizar la prestación del Servicio, más no para priorizar al Servidor en sí. La esencia de la Carrera administrativa es la priorización del servidor, sus deberes, derechos y responsabilidades. La prestación de servicios es función del servidor, más no la esencia de la Carrera administrativa que mandata el Artículo 40°  de nuestra actual Constitución.

El proyecto carece de un análisis de impacto fiscal de los cambios necesarios en materia tributaria que acompañen a una evaluación del desempeño.

I.2.  La Carrera Administrativa

En el Perú ya es una Institución social que permite a los ciudadanos ejercer el derecho y el deber de brindar sus servicios a la Nación, asegurando el desarrollo espiritual, moral, económico y material del SERVIDOR PÚBLICO a base de méritos y calificaciones en el desempeño de sus funciones y dentro de una estructura uniforme de grupos ocupacionales.

La Carrera administrativa está orientada al SERVIDOR y no está enfocada en la prestación del servicio. La Carrera Administrativa tiene inherente el concepto ESTABILIDAD, como elemento fundamental para que el servidor  pueda hacer CARRERA  en base al malestar e incertidumbre que genera un régimen de Contrataciones y tercerización de servicios.

La Historia de la legislación laboral pública en el Perú, tiene como precedente el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil aprobado por el Decreto Legislativo 11377 que duró34 años desde 1950 hasta 1984, inspirada en la Constitución de 1933, que establecía la Carrera Administrativa de los empleados públicos con derecho a Estabilidad conforme al artículo 46° de la Ley 11377.

La vigente Ley de Bases de la Carrera Administrativa aprobada por el Decrfeto Legislativo N° 276, que actualmente regula el régimen laboral público, se amparó en el artículo 59° de la Constitución de 1979 que igualmente mandató la Carrera Administrativa y se establece la Estabilidad Laboral como derecho de los servidores de carrera, en aplicación del artículo 24° literal b) de la Ley.

La actual Constitución Política de 1993, artículo 40°, establece que : “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”. Es decir, la actual y vigente Constitución ampara la carrera Administrativa del Servidor Público y por su naturaleza, el modelo de régimen laboral que lo guía es CERRADO llevando inherente la Estabilidad, como elemento fundamental para hacer Carrera Administrativa.

El modelo ABIERTO que observamos en el Proyecto de Ley del Servicio Civil constituye un régimen de Contrataciones y Tercerización que DESNATURALIZA la esencia y pureza constitucional de la Carrera Administrativa que debe estar orientada al SERVIDOR  y no a la prestación del servicio, aspecto que bien podría ser materia de otra Ley, más no de la Carrera Administrativa.

La propuesta que pretende aprobarse, no es de Carrera Administrativa con MODELO CERRADO y ESTABILIDAD que ampara el Artículo 40° de la actual Constitución, sino un Servicio Civil, basado en un MODELO ABIERTO de contrataciones y Tercerización, sin estabilidad , que contraviene los Tratados y Convenios Internacionales que reconocen derechos a los empleados públicos, puestos que son normas jurídicas válidas y vinculantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Aplicación de Art. 55° de la Constitución.

“Artículo 55°.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional .”

II.    SEGUNDO TEMA DE DISCORDIA

El segundo principal tema de discordia, está referido a la eliminación del  derecho adquirido de ESTABILIDAD LABORAL.

La Estabilidad laboral es un derecho adquirido de los servidores públicos. Conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 008-1996-AI/TC “ los derechos adquiridos son aquellos que han  entrado en nuestro dominio, que hacen parte de él y de los cuales ya no puede privarnos aquel de quien lo tenemos “.

En esencia , la teoría del derecho adquirido sostiene  que “ una vez que el derecho nace y se ha establecido en la esfera del sujeto, las normas posteriores que se dicten no pueden afectarlo, porque ya  son de nuestro dominio, son parte de ti y no pueden privártelo”.

La Constitución Política de 1979 regulaba la Estabilidad Laboral absoluta, precepto bajo los cuales, decenas de miles de servidores públicos ingresaron a la Carrera Administrativa, ya sea previo concurso o luego de varios años de contratados pasaron a la condición de nombrados. Esto constituye un DERECHO ADQUIRIDO. El derecho a la Estabilidad laboral nace en la Constitución de 1979 y se establece  en el vigente Decreto legislativo N° 276.

Reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que los contratos laborales están protegidos en el principio de seguridad jurídica que ampara el artículo 62° de la Constitución y ninguna Ley puede alterar el sentido y el alcance de dichos contratos, salvo que el trabajador renuncie voluntariamente a su régimen de trabajo.

Artículo 62°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

           

                El artículo 26° inciso 2) de nuestra Constitución sobre el Carácter Irrenunciable de los Derechos reconocidos en la Constitución y la Ley blindan el derecho adquirido. Como a continuación resaltamos el contenido en esta parte de la Constitución Política, y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

Principio de la estabilidad Laboral

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Art. 22° y 27° y Cuarta Disposición Final y Transitoria :

Artículo 22°.- Protección y fomento del empleo.

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

Artículo 27°.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario

 La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

Disposición Final y Transitoria

Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 7

Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera
particular (…)

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características
de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de
despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la
readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación
nacional ; (…)

2.2. El modelo ABIERTO del PLSC  avala la flexibilidad laboral y elimina la estabilidad como derecho de los servidores públicos , pese a ser un derecho adquirido. Empero la estrategia del PLSC es aparentar el respeto a este derecho adquirido, cuando plantea que el personal del Régimen Público permanecerá en él y su traslado al Servicio Civil será “ voluntario” e incorporarán a él, vía concurso público de admisión; previa “ renuncia “ a su régimen.

“ Tal voluntarismo” no existe, en el caso de los actuales trabajadores y trabajadoras del sector estatal, por cuanto el Estado, tal y como lo señala el PLSC, establece un plazo de hasta 7 años para que el Servicio Civil, que por estrategia legal nacería como un 4to. Régimen , pero al vencer el plazo se convierte en Único Régimen Laboral para el sectorpúblico y para tal efecto la Ley establece- y con seguridad su Reglamento- añadirá mecanismos para forzar al servidor público a decidir su incorporación al Servicio Civil bajo presión, que va desde evaluaciones anuales punitivas, congelamiento de remuneraciones y hasta el chantaje del CIERRE de los regímenes laborales 276 y 728.

Frente a ello , planteamos que el Servicio Civil se inicie como ÚNICO RÉGIMEN desde su nacimiento, que integre dentro de sus normas la estabilidad, en respeto a nuestro derecho adquirido y al Estado de Derecho y el traslado del servidor al Servicio Civil sea automático.

En el caso de los jóvenes que inician su vida laboral en el Estado, el acceso es inequitativo en materia de derechos, pues a él se le ofrece un régimen recortado en derechos, sin alternativa alguna, incurriéndose en un trato discriminatorio. Este hecho va en contra de lo establecido en el Art. 2° de la Constitución Política del Perú.

Constitución Política del Perú

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho (…):

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

III.    TERCERO Y CUARTO TEMAS DE DISCORDIA

El tercero y cuarto principales temas de discordia se refiere a las restricciones a los derechos constitucionales de Negociación Colectiva y Huelga.

2.1.  En efecto el PLSC restringe solo a condiciones de trabajo, el derecho constitucional a la negociación colectiva y limita a no paralizar los denominados “ servicios esenciales” el derecho constitucional a la huelga.

Estas restricciones vulneran los derechos de Negociación Colectiva y Huelga, reconocidos en el Artículo 26° de nuestra Constitución, toda vez, que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que las organizaciones sindicales de los servidores públicos serán titulares del derecho a la negociación colectiva- Sentencia recaída en el expediente N| 008-2005-PI/TC- párrafo 52.

SENTENCIA 008-2005-PI/TC -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

52. Para ser titular de este derecho existe una condición previa que se deriva del carácter colectivo de la negociación, de manera que los titulares deberán ser los sindicatos, las organizaciones representativas de los trabajadores o los representantes de los trabajadores.

En ese sentido, la Constitución reconoce en su artículo 42.° el derecho de sindicación de los servidores públicos. Consecuentemente, las organizaciones sindicales de los servidores públicos serán titulares del derecho a la negociación colectiva, con las excepciones que establece el mismo artículo 42°, a saber los funcionarios del Estado con poder de decisión, los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Por ello, para una adecuada interpretación del ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servidores, conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, debemos tener presente el Convenio N.° 151.° de la OIT relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones del empleo en la administración pública.

El derecho constitucional a la Negociación Colectiva debe interpretarse conforme a los Convenios Internacionales 87° y 98° de la OIT, es decir debe ejercerse de modo libre, voluntario y de buena fé.

Por tal razón las restricciones que propone el PLSC son contrarias a la Constitución y a los Convenios Internacionales.

En esa misma dirección, el Estado, abusando del derecho a reglamentar la Ley, consideraría “ servicios esenciales” hasta la unidad de trámite documentario, con lo que se estaría vulnerando en esencia el derecho de huelga de los servidores.

Planteamos respeto irrestricto a los derechos constitucionales de Negociación Colectiva y Huelga.

IV.    TEMAS ADICIONALES DE DISCORDIA

Son 20 afectaciones a nuestros derechos, que origina el PLSC :

1.       Elimina la asignación por cumplir 25 y 30 años.

2.       Elimina los subsidios por fallecimiento y sepelio.

3.       Se impone el despido arbitrario.

4.   Impone causales de despido por causas no imputables al desempeño del trabajador/a : supresión de puesto, incumplimiento de metas, período de prueba.

5.    Descarta la reubicación laboral.

6.   Crea la causal de despido por ineficiencia comprobada a través de las evaluaciones punitivas. Evaluaciones subjetivas no relacionadas al desempeño de la función. Ya sucedió en el pasado, tal como lo demostraron los trabajadores/as despedidos por la dictadura fujimontesinista y que lograron diversas leyes ( 27803, 28299, 29509) para lograr parte de las reivindicaciones de sus derechos, logrando 35,000 beneficiarios a través de primera lista, segunda lista, tercera lista, cuarta lista y, ahora en el Congreso, esperando la decisión de la ampliación de la cuarta lista, de quienes habiendo acreditado la irregularidad de su cese, fueron dejados fuera por arbitrariedad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Una muestra de lo sucedido son los Informes Defensoriales N° 82 y 88.

7.   Elimina los Grupos Ocupacionales, sustento del derecho a la Carrera Administrativa; creando nuevos grupos como el de funcionario público, servidor civil de carrera, servidor de actividades complementarias, asimismo, se incluye a los servidores de confianza.

8.   Introducen la calidad de suspensión perfecta e imperfecta de la relación laboral. Huelga es suspensión perfecta.

9.   Prohíbe el goce de derechos individuales y colectivos de otros regímenes laborales.

10. Restringe los derechos colectivos al implementar los incrementos remunerativos por pactos colectivos y crean la modalidad de aumentos bianuales por mérito individual y hasta el 10% de personal que califique 2 veces seguidas como servidor de “Rendimiento Distinguido”. La meritocracia se desnaturaliza al quedar sometida a un determinado cupo y no al verdadero desempeño del trabajador/a.

11.   Promueve la tercerización de funciones complementarias, convierte al Estado en un empleador encubierto, al pagar a un tercero, la planilla con sus beneficios, más un adicional de 15% por concepto de la administración del personal y sobre el total, se paga el IGV por el servicio, incrementando las planillas en 34%. Es una modalidad de empleo que van contra la estabilidad laboral y el trabajo digno y decente ( empleo con derechos plenos ).

12.   Promueve mayor discriminación e inequidad al tener que categorizar a las dependencias públicas.

13.   Recorta derecho de defensa , al omitir la representación laboral en Comisión de Procesos Administrativos.

14.   Cierran coactivamente los regímenes del D. Leg. 276 y 728 para ser declarados en extinción y liquidación; so pretexto de avanzar al régimen, vulnerando los derechos alcanzados por los servidores de los regímenes señalados.

15.   Elimina el RECAS. Se aplicará hasta emisión de Resolución de inicio e implementación de la Ley del Servicio Civil.

16.   Reduce la Compensación por Tiempo de Servicios CTS del 100% al 50% de una remuneración mensual por año de servicio  Decreto Legislativo 728. Va contra los derechos adquiridos.

17.   Reduce el monto de las dos gratificaciones , del 100% al 50% de una remuneración mensual . Decreto Legislativo 728. Va contra derechos adquiridos.

18.   Impone nuevos e innecesarios conceptos remunerativos, como la Compensación y estará compuesta por la Remuneración y las Prestaciones y en concordancia al Puesto, a la familia del Puesto, a la banda remunerativa y a la Evaluación del Desempeño. A su vez por la valoración, que será Principal, Ajustada y priorizada. La Compensación se clasifica en económica y no económica ( especie). El principio “ a igual función, igual remuneración” , pierde vigencia, porque la remuneración no será igual, porque algunos recibirán especies.

19.   El sistema de remuneraciones que se impone, determina menor remuneración neta de la que el trabajador recibe en la actrualidad.Puede parecer justo, agrupar todo concepto de pago como remuneración, pero al estar sujeta a todos los descuentos, la liquidez percibida será menor, causando perjuicio en el presupuesto familiar. El sueldo neto no puede ser menor al actual.

20. En torno a la moralización, esta define una política sancionadora y no preventiva, por lo que se desnaturaliza la lucha contra la corrupción.

ALERTA : CONGRESO APRUEBA PRE DICTAMEN LEY SERVICIO CIVIL